El PP la lía con la Fiscalía

Domingo, 26 de Febrero de 2017

Si el PP prefiere proteger a sus imputados, tendremos que estudiar otras vías», ha dicho Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ayer mismo. ´Otras vías´. Pero no se menciona la moción de censura, que sería la vía más expeditiva. Se sugiere a veces, como amenaza latente, como para asustar, pero ni se pronuncia el concepto. Ciudadanos, ya está dicho, gana tiempo para no coincidir en la fórmula definitiva con PSOE y Podemos, una alianza que incomoda a su estrategia nacional.

Pero tiempo es también lo que necesita Pedro Antonio Sánchez, de modo que ahí se produce una inevitable convergencia, queriendo o sin querer. De entrada, los de Rivera han ofrecido una generosa tregua a PAS al desentenderse de las negociaciones sobre la moción de censura y encomendarlo todo a una entrevista con el presidente, que se celebrará el próximo jueves (inicialmente iba a ser el viernes), agotando al máximo el periodo previo a su declaración ante el TSJ, fechada para el lunes de la semana siguiente.

La crónica sobre esa reunión entre el presidente de la Comunidad y el portavoz regional de Ciudadanos está escrita de antemano; los periodistas a quienes les toca redactarla la tienen ya adelantada en la ´nevera´ donde se depositan las informaciones que pueden publicarse en cualquier momento, sin esperar a que las modifiquen los giros de la actualidad.

 Es obvio que PAS no va a ser tan estupendo de desprenderse de su cabeza para situarla en la bandeja que le acerque el otro Sánchez, Miguel. No dimitirá para entregar la presidencia a otro diputado de su partido. Fin de la cita. ¿Y qué responderá el portavoz regional de Ciudadanos? Lamentarse de que esto sea así y anunciar que su partido hará lo que ya ha dicho Rivera: explorar otras vías. ¿Qué vías? Por ejemplo, denunciar al presidente ante los tribunales por incumplimiento de la Ley Regional de Transparencia. Uy, qué miedo.

Los propios asesores jurídicos de Ciudadanos conceden escaso valor al artículo 54 de esa ley, que indica que todo político que se encuentre imputado ´o el término equivalente´, es decir, investigado, «entenderá» que debe dimitir. ¿Entenderá? ¿Y si no lo entiende? Para ser taxativa, la ley tendría que haber incluido la expresión «deberá dimitir», algo que no ofrecería dudas. Pero está claro que ese artículo fue una ´colada´ del PSOE, y las leyes hechas ´ad hoc´ resultan, al final, cuestionables en su interpretación. Ésta, además, lo deja todo al ´entendimiento´ personal del afectado. Dicen los ´servicios jurídicos´ de Ciudadanos que se trata de un artículo de ´imposible aplicación´, salvo que… Salvo que se pronuncie el Consejo de la Transparencia, y ´recomiende´ a PAS que dimita, pues de este modo habría un órgano transversal que haría para el caso ´la lectura´ de ese artículo. Razón por la cual el Gobierno da largas a la convocatoria de dicho Consejo.

A este respecto, todavía un apunte más. Sería paradójico que Ciudadanos llevara a los tribunales a PAS para hacerle cumplir con ese aspecto de la Ley regional de Transparencia mientras el reloj corre a favor de la publicación en el BOE de la Ley de Medidas contra la Corrupción aprobada, a propuesta del propio Rivera, en el Congreso de los Diputados, una ley que establece para la dimisión de los políticos afectados por causas judiciales el momento en el que se dicta su pase al banquillo, más allá de la inicial imputación. Si esa ley fuera aprobada con PAS todavía a los mandos de San Esteban, la ley regional quedaría desactivada en la práctica por la sumisión a una norma de rango superior, o a esto podría apelar el presidente.

Otra ´vía´ que podría instrumentar Ciudadanos sería, por ejemplo, la reprobación parlamentaria, que tendría éxito, claro, dada la mayoría de la oposición, pero esto es un brindis al sol. La consejera de Educación también recibió hace unos meses esa reprimenda y ahí sigue, sin consecuencias políticas.

Nadie duda de que el problema lo tiene PAS. Es obvio. Pero también es un problema para Ciudadanos, de ahí que PAS esté sobreviviendo. Las miradas no se dirigen sólo hacia el presidente, sino en primer lugar a Ciudadanos, que es el que tiene la llave de la gobernabilidad en la Región. Y con ella no quiere abrirle la puerta a un Gobierno de izquierdas, menos ahora que se confiesan liberales y aspiran a ponerse medallas obligando al PP de Rajoy a que apruebe leyes y medidas inspiradas por ellos, sin dar lugar a que el PSOE los arrincone haciendo lo propio.

PAS lo sabe, y ha deslizado por vías intermedias un mensaje a Ciudadanos: «El segundo tiempo marcará lo que se haga en el primero». Estamos en el primer tiempo, y lo que el presidente transmite es que Ciudadanos se puede quemar en este empeño, pues su electorado procede de la masa madre del PP. Y los populares, que mantienen puesto el radar, no se dejan impresionar por el furor de las redes sociales ni por la lluvia de titulares de prensa que les son adversos; huelen, o eso sugieren, que la opinión pública (que, como dijo aquél, difiere a veces de la publicada) está con PAS (al menos la ´mayoría silenciosa´, que dijo el otro). Por tanto, un paso en falso de Ciudadanos, que para ellos sería que hiciera seguidismo de la estrategia PSOE/Podemos podría ser letal para su futuro electoral.

Antes de la entrevista formal del jueves se producen, pues, sutiles envíos: unos, Cs, hacen apelaciones abstractas a la moción de censura, como diciendo: si no aceptáis el autorrecambio, iremos a por todas, ya digo, para asustar; otros, el PP, advierten, allá vosotros. Y mientras, el tiempo corre, día a día («paso a paso», me ha parafraseado el propio Rivera), siempre a favor de PAS y también, de paso, de Cs, que espera para su bien que todo caiga por su propio peso para luego presumir de que ellos han venido empujando. Empujan, sí, pero no utilizan el arma letal porque creen que ésta también le estallaría a ellos.

El tiro a la Fiscalía, por la culata.
Pero el desarrollo de los acontecimientos parece darle la razón a Cs en esta estrategia algo fantasmal, muy propia de la etapa de carnaval en que nos adentramos. Y es que el PP no se ha distinguido nunca por su finura. El aparato no está entrenado para manejarse en situaciones complejas, y se manifiesta con gestos y comportamientos de la era de la mayoría absoluta. Así, se les ven todas las vergüenzas.

Por ejemplo, si mañana se desvelara que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, es un infiltrado del PSOE en el Gobierno de Rajoy, la noticia saldría en la página 20, pues es algo obvio en la práctica. Trabaja para los socialistas con más ahínco y efectividad que Susana Díaz. Prueba de su desenvoltura es que citó a PAS en el congreso del PP, rodeado de cámaras de televisión y de testigos de prensa para comunicarle que los buenos oficios de la Fiscalía General habían desactivado la acusación en el caso Púnica, una operación hecha de la manera más burda que se recuerda en los enjuagues políticojudiciales. El propio presidente murciano, contagiado de tanta libertad con que se ingenian las cosas desde el poder, adelantó a los medios de comunicación lo que iba a ocurrir al respecto, una información que su portavoz atribuyó a ´fuentes oficiales´, que no podían ser otras que el ministerio o la Fiscalía.

Pero no contento con eso, en pleno escándalo por la sentencia Urdangarin, con la que ha quedado en pelotas la dirigencia del Gobierno sobre la Fiscalía (ésta, para ´salvar´ a la infanta apretó las clavijas a su marido, con la consecuencia de la total atribución a éste de la responsabilidad del caso, lo que ha dulcificado la posición de las juezas, y al final se les ha ido a todos la mano, por supuesto a favor de la pareja real, cuyos delitos han quedado impunes en la práctica); en ese contexto, digo, Catalá ha renovado la cúpula de la Fiscalía, sin pudor por la coloración política de la misma, situando en Anticorrupción a un fiscal antiAnticorrupción, y moviendo el sillón del murciano López Bernal en el momento políticamente más inoportuno si es que se pretendía hacer pasar su recambio como una pieza más en el contexto general de relevos provinciales.

Una operación absurda que, además, se ha vuelto contra los operadores políticos, pues la sustitución de Bernal por Díaz Manzanera contribuye paradójicamente a incrementar la credibilidad de la Fiscalía murciana, ya que el nuevo jefe carece de estigmas políticos y transmite profesionalidad y compromiso, además de que la operación no conseguirá apartar a Bernal del caso que afecta a PAS, sino que por el contrario ahora podría concentrar todos sus esfuerzos en él. Vaya negocio que ha hecho Catalá, ese hombre. De momento, tanto Bernal como Manzanera, ya han puesto mojones para cerrar el paso a la estrategia verbal del Gobierno: nunca ha habido dieciséis querellas contra PAS, dice uno, y todos los delitos, los cuatro, de los que se acusa al presidente en el caso Auditorio son propios de lo que se entiende jurídicamente como corrupción.

Por tanto, con cambio de fiscales y todo, al menos en Murcia no se prestará oído a pretextos ajenos a lo que constituye lo documentado en los casos que afectan al presidente. Éste se propone entregar al juez instructor del TSJ, antes o durante su comparecencia del próximo día 6, ´pruebas´ para acreditar su inocencia: varias peritaciones sobre los trabajos en el Auditorio, mediciones de unidades de obra, el expediente de liquidación municipal del contrato de obra, varios informes de profesionales en Derecho Administrativo… Este va a ser, en la práctica, su único material de defensa, al margen de toda interpretación política. Y a pesar de la ´operación Catalá´ la fiscalía sólo estará atenta a las pruebas reales, a favor o en contra.

En esto, nadie podrá sacar a PAS de su situación, salvo él mismo. Ni siquiera Ciudadanos, en cuyo entorno he escuchado esta frase: «Aunque quisiéramos, no podríamos ayudarle». A no ser que lo hagan, en la práctica, mientras ingenian esas improductivas ´nuevas vías´.

Leer otros Ángelus: