Los profesores parece que no pintamos nada para el pacto por la educación, a menos que seamos sindicalistas. (Imagen tomada de http://www.uhu.es/cine.educacion/imagenes_index/poesia.gif

Prometí ocuparme en profundidad del asunto del pacto por la educación. Muchas gracias por no habérmelo reclamado, pero me pesa en la conciencia no haber cumplido. Sin embargo, temo que hice la promesa para obligarme a vencer el escepticismo que me quedó aumentado después de leer el borrador que presentó el Ministerio, al que sí me referí, aunque sólo entré en aspectos formales del preámbulo. En fin, pasan las semanas, y mi escepticismo no ha hecho sino crecer. Pero debo una explicación de su porqué, y esa explicación que debo, la voy a dar.

El ministro ha asegurado que quiere tener el pacto firmado a finales de este mes. Se ha reunido con representantes de todos los sectores (o sea, sindicatos, asociaciones de padres y de escuelas privadas), y ha tenido en cuenta los informes de los Consejos Escolares del Estado y de las CCAA. Pues lo lamento, pero a mí todo eso no me merece confianza, no me parecen buenos mimbres para este cesto. En nuestro país, a diferencia de las democracias europeas de latitudes más nórdicas, la democracia representativa es poco ídem. La gente es reacia a integrarse en asociaciones cívicas; a lo más que llegamos es al equipo de fútbol y la cofradía de semana santa (bueno, en Murcia, también las peñas huertanas y las agrupaciones sardineras; me imagino que en cada lugar habrá equivalentes). Quiero decir que no practicamos de hecho las virtudes públicas que demanda Victoria Camps. Nos desentendemos de la política en todos los sentidos menos en dos, que denunciaba recientemente Javier Marías: la queja pasiva mediante la generalización absurda de “todos los políticos son iguales” (que quiere decir “unos sinvergüenzas”), y la reclamación de responsables incluso de lo que sería nuestra propia responsabilidad. De tal modo que este proceder del Ministerio es democrático y participativo sólo formalmente, puesto que la representatividad de los interlocutores puede ser discutida, y la conexión con la realidad educativa del país puede ser peregrina.

Me ha llegado también un formulario en el que aportar sugerencias para el pacto. Ya. La pregunta es ¿quién va a leerse las sugerencias que el Ministerio reciba? Y, sobre todo, ¿tiene criterio quien va a seleccionar las sugerencias más interesantes? ¿Qué papel ha reservado el Ministro a los profesores de a pie? ¿Qué cauces reales de participación ha abierto, que no existieran ya, con vistas a este supuesto pacto de Estado?

Miren ustedes, no, no, no, no es que estemos cansados, es que estamos hartos de tanto mendigar, que decía la canción verbenera. Claro que queremos un pacto de estado, por la sencilla razón de que en Educación se ha desvirtuado las leyes orgánicas. Deberían ser la expresión de grandes consensos sobre aspectos cruciales de la convivencia y la organización del Estado, y se han convertido en la expresión de la mayoría partidista en el Congreso, de modo que cada vez que cambia el signo del gobierno, los profesionales de la educación tenemos que tragarnos una nueva ley. Y de eso sí estamos cansados, porque es una falta de respeto total hacia nuestro trabajo. Todos los expertos coinciden, y en aquellos países o experiencias donde la educación funciona mejor es así, en que la clave para que se obtengan buenos resultados está en el profesorado, y particularmente en darle autonomía. Y a pesar de esto, lo que veo en la preparación de este pseudo-pacto (y que lo convertirá en tal, me temo) son consignas políticas, grandes principios y declaraciones de intenciones, todo ello acompañado de un osado desprecio hacia el profesorado. Como ya dijimos, si a estas alturas partimos de que uno de los más graves problemas de la educación en España es que se estudie en español en todo el territorio nacional, no hay ningún motivo para la esperanza. El ministro Gabilondo pasará a tener el agradecimiento de Zapatero, pero me temo que no podrá tener el de los profesores ni tampoco el de España. Qué pena.

Orlando Zapata, disidente cubano fallecido por huelga de hambre. (Imagen tomada de www.timesonline.co.uk)

La muerte de un albañil de 42 años, encarcelado y condenado primero a 3 años y luego hasta 36 por defender la libertad sindical y exigir el respeto de los derechos humanos en su país, es hoy noticia que recorre las redacciones de todo occidente. Orlando Zapata ha muerto tras 85 días en huelga de hambre. Parece que la atención médica que ha recibido durante su huelga ha estado a la altura del trato que ha recibido por el estado cubano en los últimos años. Esta muerte es otra infamia del castrismo. La revolución tenía que llevar a la justicia y hoy ya no consideramos justas las leyes que condenan las ideas y que permiten encarcelar a personas pacíficas que reclaman democracia y derechos humanos.

Yo no sé si para favorecer el cambio en Cuba y la instauración de un régimen democrático y respetuoso de los derechos humanos es mejor mantener cálidas relaciones o enfriarlas; por lo que leo, los expertos tampoco se ponen de acuerdo. Pero en todo caso, esta muerte es una infamia más y debe recordarnos, por si se nos olvida en Varadero, que en Cuba no existen libertades cívicas, democracia, ni respeto a los derechos humanos, y sí, en cambio, un buen número de presos de conciencia. Por eso, las declaraciones respecto de esta muerte del presidente Zapatero y de su tercero, Chaves, además de poco inspiradas retóricamente, son de una tibieza semántica, por así decirlo, verdaderamente sonrojante.

Cuba es un país maravilloso, bellísimo y lleno de talento y de dignidad. Se merece, una vez desterrado el caciquismo y asegurado el Estado y sus instituciones, una situación política menos anómala y más justa. Pero a la vista del panorama, mucho me temo que la muerte de Zapata no va a ser la última en esa lucha. Mis humildes condolencias a su familia, y que sepan de mi protesta por las flojas palabras de nuestro gobierno.

La investigación sobre terapias génicas o sobre células madres está a menudo lejos del alcance del ciudadano de a pie.(Imagen tomada de www.sciencedaily.com)

Esta mañana, el alumnado de 1º de Bachillerato del IES Ingeniero de la Cierva, junto a sus profesoras de Ciencias para el Mundo Contemporáneo y Filosofía, y por iniciativa de la primera, Fina Galián, hemos disfrutado de un lujo de primera: una charla sobre las células madres de la mano de miembros del equipo de investigación del Hospital de la Arrixaca. Xavier Férez Ruiz ha hecho una exposición de una calidad pedagógica admirable, no menor que la científica, que es de referencia. Ha explicado y aclarado tal cantidad de conceptos básicos de la ciencia (investigación básica, ensayo clínico, equipo multidisciplinar…) que la hora se ha revelado demasiado corta. Además, el material audiovisual empleado me ha parecido igualmente valiosísimo.

Este tipo de iniciativas son de máxima urgencia y pienso que tienen un efecto inmediato y duradero para paliar la brecha cada vez mayor entre la investigación científica y la cultura general de los ciudadanos. Ahora bien, únicamente logran este efecto si se hacen con este nivel: excelente ponente, sin rebajar un ápice el rigor, con buenos materiales audiovisuales…

Lo que Xavier quizá no sepa, pero yo le puedo asegurar como a ustedes, es que la mejor medida de su mérito es la atención que ha logrado de la pandilla que forma el alumnado que hoy ha sido su público. Chapeau y gracias, muchas gracias.

Al sistema le importan los papeles. A la educación han de importarle las personas. (Imagen tomada de http://proele.org)

Estimado Sr. Ministro Gabilondo:

Reza el documento presentado por usted desde el Ministerio de Educación con vistas a ese supuesto pacto de estado: “[U]n Pacto que permita que los diferentes gobiernos que se configuren tanto en España, como en las diferentes Comunidades Autónomas, apliquen en común una serie de medidas fundamentales para resolver los principales problemas de nuestro sistema educativo.” Esta cita que recogía en una entrada anterior hace pensar si “sistema educativo” equivale a “educación”. Aunque parezca una distinción caprichosa no lo es en absoluto. Voy a contarles un caso real no del todo infrecuente. Se trata de casos en los que el sistema educativo funciona, pero no atiende a la educación. Esos casos que hacen al profesorado renegar de la burocracia, de la inspección educativa y del sistema educativo.

La Consejería de Educación dispone (en Murcia, pero es prácticamente igual en todas las comunidades autónomas) de una “Comisión de escolarización” que es la encargada de examinar, entre otras situaciones, los casos en que hay que dar una plaza escolar a un individuo en edad de escolarización obligatoria. Por ejemplo, porque viene de otro país cuando ya está el curso empezado. Ese  individuo puede proceder de un país no hispanohablante y desconocer por completo nuestra lengua. Es posible incluso que su escolarización anterior haya sido escasa.

Cualquiera sensato pensará que tal individuo debe ser escolarizado en un centro dotado de las llamadas “aulas de acogida”, que sin ser la panacea, han costado muchos años y mucha insistencia en su demanda para que fueran creadas. El aula de acogida no es más que un grupo flexible, en el que se integran durante el tiempo imprescindible aquellos alumn@s por cuya circunstancia necesitan adquirir unos aprendizajes elementales para tener un mínimo de posibilidad de éxito en un grupo ordinario. Claro está que un aula de acogida tiene un profesorado ad hoc. Generalmente, lo principal es el idioma. Resulta traumático para el alumn@ y violento a veces incluso para el profesor tener en clase a una persona que no entiende, literalmente, ni una sola palabra de lo que oye. De esa situación, repetida muchas veces a lo largo de los últimos años por la llegada de inmigrantes a nuestro país, surgió la necesidad y reclamación de estas aulas de acogida.

Pues bien, lamento tener que decirles que la Comisión de escolarización no parece tener en cuenta estas consideraciones, y adjudica plaza a un alumn@ en estas condiciones en un centro ordinario, cuyo único recurso para el caso es medio horario de un profesor de Pedagogía terapéutica, que tiene además que ocuparse de algunos otros alumnos con necesidades especiales. Es decir, que el sistema funciona: los papeles llegan a la Comisión que tiene que decidir, esta decide, el alumn@ se escolariza ¡y chispún! Los papeles están todos bien. ¿Y las personas? Al “sistema educativo” le importan los papeles; a la educación han de importarle las personas. Si el pacto que firmen los políticos no pone bases que cambien esto, aumentará su descrédito. Usted, ministro Gabilondo, sabe que un pacto vacío o incumplible es un flaco favor a la democracia, aunque sea un servicio a su jefe, el presidente del Gobierno.

¿Cuánto pintamos los profesores en la confección del Pacto por la educación? (Imagen tomada de webadictos.com.mx)

He empezado mis deberes leyendo el documento presentado por el Ministerio de Educación con vistas al famoso pacto. La primera impresión es bastante desconsoladora: está muy mal escrito. Muchas personas consideran que los aspectos  formales carecen de importancia. No me cuento entre ellas, para bien o para mal. Me parece que las formas suelen indicar el cuidado y atención que se ponen en las cosas, lo que a mi juicio no es secundario. Y en este caso, menos aún. Una de dos: o bien se ha ido muy deprisa y no se ha podido meditar ni revisar la redacción ni la mecanografía, o bien no se busca un documento serio y duradero. Ninguna de las dos hipótesis es halagüeña. Si siempre es lamentable el uso incorrecto de la lengua en documentos públicos, cuando el emisor es el propio ministerio de Educación la cosa es sencillamente deplorable. No quiero aburrir a los menos aficionados a la filología, pero presento unos cuantos ejemplos del descuido formal que denuncio. Otro día hablaremos del fondo.

En la primera frase del preámbulo, una inoportuna coma dificulta ya la lectura. La tomamos como errata obra de los no duendes y la achacamos a las prisas de quien tecleó. Pase.

(Subrayo los defectos que detecto) Gramaticalmente incorrecto: “Tras 10 años de culminación del proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, 31 años después de aprobarse la Constitución, nos encontramos no sólo ante un nuevo marco competencial y también ante una sociedad distinta y sometida a un cambio constante, que nos exige una reflexión sobre los nuevos y complejos retos que debe plantearse nuestra educación en el siglo XXI.”

“… garanticen el equilibrio, la estabilidad, la cooperación y la coherencia del sistema a través de un marco común y acordado, lo que sólo es posible a través del acuerdo y del consenso, y en el que desarrollar sus competencias y responsabilidades políticas.”

“Todo ello con miras a la mejora y consistencia del mismo.” (Sugeriría “estabilidad”, pero en fin).

¡Ay, los tiempos verbales!: “… es una necesidad incrementar el número de jóvenes que obtienen el título de graduado en educación secundaria, incrementar el número de jóvenes que continúan su formación en la educación postobligatoria “

Demasiada necesidad: “Lo necesitan los jóvenes para disponer de la formación necesaria para su desarrollo personal”

Que no sea por no reiterar o no decir obviedades: “Para ello, es imprescindible adoptar un conjunto de medidas que permitan avanzar en la dirección señalada. Pero la adopción de esas medidas requiere dotar a nuestro sistema educativo de la estabilidad necesaria para que su aplicación sea efectiva, requiere el trabajo conjunto del Ministerio de Educación y de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación“

Redacción horrorosa: “que ningún partido político haya sido o es totalmente gobierno o totalmente oposición“

Aquí hay algo de fondo, sobre lo que sin duda volveremos: “un Pacto que permita que los diferentes gobiernos que se configuren tanto en España, como en las diferentes Comunidades Autónomas, apliquen en común una serie de medidas fundamentales para resolver los principales problemas de nuestro sistema educativo.” Seguramente puedo ser considerada tiquismiquis, pero me asalta la duda de si “sistema educativo” equivale a “educación”. Porque a lo mejor no estamos hablando de lo mismo los que hablamos de una y los que hablan del otro.

Esta es buena: “Ahora bien, en esta trascendental tarea resulta imprescindible el acompañamiento y actuación de todos y cada uno de los actores implicados. Así, administraciones educativas, partidos políticos, agentes sociales, comunidades educativas, familias y alumnos, han de participar activamente en su conformación y posterior desarrollo. Esta enumeración de actores no les otorga mayor o menor importancia, todos resultan necesarios, todos son imprescindibles y en el resultado final cada uno habrá de tener su inexcusable participación, porque el Pacto tiene una clara voluntad integradora.” ¿Hay que suponer que los profesores estamos incluidos en “comunidades educativas”, y que no tenemos entidad como colectivo en este asunto? Las palabras “profesor” y “maestro” son evitadas casi a lo largo de todo el texto, cosa que me parece rara, no sé.

El siguiente párrafo me resultó ininteligible en la primera lectura: “Sin pretender diluir las responsabilidades: implicación colectiva sí, responsabilidades concretas también, en función de las competencias, atribuciones y capacidades de cada actor, subrayando la especial responsabilidad de las administraciones educativas que, en definitiva, son las que han de responder ante los ciudadanos.” Y en la segunda y en la tercera…

“La cultura del trabajo y el esfuerzo son valores en los que es preciso insistir.” Pues una se queda con las ganas de una definición más precisa del concepto de “cultura del trabajo y el esfuerzo”. ¿O quiere decir que van a encargar al “sistema educativo” o a los “actores que dan las clases” (antiguamente llamados “profesores”) la tarea de que nuestros escolares salgan trabajadores y esforzados en una sociedad donde todo el mundo aspira a vivir sin trabajar?

“Pero hemos de ser conscientes que… “. Con permiso, falta un “de” como una casa.

“… el esfuerzo de todos los agentes que de hecho intervienen en la educación de los más jóvenes” ¿Se refiere a los profesores?

Al fin aparece, por primera vez, la palabra maldita: “Todo ello requiere que en el corazón del Pacto Social y Político por la Educación, estén sus principales actores: el alumnado, sus familias y el profesorado. Nada resultará posible sin su concurso, sin su experiencia, sin su participación.” ¡Habrá que perdonar a cambio de la mención esa ominosa coma separando sujeto de predicado, ay!

Continuará.

Miguel Pascual de Riquelme, juez decano de Murcia. (Foto de Gloria Nicolás. La Opinión de Murcia)

Leo que el juez decano de Murcia, Miguel Pascual de Riquelme, está a favor de que se instauren mecanismos e instituciones capaces de resolver conflictos de los ciudadanos sin la intervención de la justicia propiamente dicha (juzgados, tribunales, para entendernos). Reclama que la sociedad “compleja y moderna” que somos debe encontrar otras formas de resolver conflictos sin litigar en los tribunales, para que los jueces no tengan que ocuparse de asuntos que “no les merecen” (sic, casi). Al mismo tiempo, se denuncia que la ratio de jueces por habitante de nuestra región (150 por cada 100.000 habitantes) está levemente por encima de la mitad de la media de Europa (18-20, creo entender). Y afirma que la sociedad tiene que recuperar formas de resolver sus conflictos antiguas o en desuso, porque es imposible que la Administración de justicia, como servicio del Estado, pudiera atender toda la litigiosidad que la sociedad genera.

Con todo respeto, y con todas las cautelas que impone conocer la información y las citas a través del trabajo del o la periodista, creo que el señor Pascual de Riquelme mezcla dos cosas diferentes. El tema es espinoso y muy interesante, desde el punto de vista teórico. Admitiendo el principio aceptado por la casi totalidad de los abogados de que “vale más un mal acuerdo que un buen juicio”, la resolución de los conflictos fuera de los tribunales tiene como segunda ventaja, seguramente, la rapidez (la primera sería descongestionar los juzgados). Aparte del Consejo de Hombres Buenos, que tiene su destino unido a la huerta o al turismo, conozco las OMIC, que en Murcia no funcionan muy bien que digamos, si debo hablar por experiencia propia. Sin embargo, dado que todo ciudadano sabe que meterse en juicios le va a costar un dineral y va a mantener vivo el agravio sufrido durante años, no creo que haya mucho diletante que se va a los juzgados a la mínima que le duele, sino que más bien se tiende a aplicarse aquello del “agua y ajo”. Por eso no se entiende bien lo de que los jueces se están ocupando de temas que no “los merecen” y sí la necesidad de aumentar los medios de la Administración de Justicia para agilizarla y atender ese derecho de los ciudadanos.

Otro aspecto interesante es que la Administración de justicia se unifica para garantizar el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Ojalá que se dé con las formas y las reglas que permitan resolver satisfactoriamente los conflictos menores entre ciudadanos sin tener que recurrir a la lenta y cara justicia que padecemos los españoles; pero sobre todo hay que desear que se haga sin menoscabo de ese principio igualitario. Porque los jueces aprueban una oposición que se supone que garantiza los principios de igualdad, capacidad y mérito y todos aplican las mismas leyes para todos los casos. Y los miembros del Consejo de Hombres Buenos son escogidos por los propios regantes, que se conocen bien y saben quién es bueno y quién no tanto. Pero ¿quién y cómo va a decidir en esas otras instancias? La propia complejidad de nuestra sociedad (no nos conocemos entre nosotros, como los regantes) y nuestra pícara tradición (aquí está hasta mal visto hacer facturas, pagar el iva) me parece que dificultarán dar con las personas adecuadas para esta tarea.

El pacto por la educación corre peligro de verse lastrado por los intereses partidistas, que suplantarían el interés general. (Imagen tomada de http://ecodiario.eleconomista.com)

No  he escrito hasta ahora apenas una palabra respecto del Pacto por la educación que Zapatero ha encomendado lograr a su ministro, mi profesor Ángel Gabilondo. Quiero documentarme lo suficiente para opinar con algún fundamento. Sí puedo decir que soy escéptica. No dudo de que haya voluntad sincera por parte del ministro, pero sí de que, tal como se está gestando, sea un instrumento eficaz para mejorar la educación y solucionar o paliar sus más graves problemas. Hoy, sin ir más lejos, ya he escuchado en la radio la idea de que hay generada  una expectativa social tan grande al respecto, que ninguno de los partidos va a jugarse la impopularidad que supondría quedar como causante de la falta de acuerdo. Es decir, que, una vez más, cabe el riesgo cierto de que sean los especuladores de las expectativas de voto, los artífices de las campañas electorales (en sentido amplio), los muñidores de los acuerdos (los que dicten lo que se acepta y lo que no), en lugar de serlo los técnicos y protagonistas, o simplemente los verdaderos políticos, en el sentido noble del término, es decir, los de verdad preocupados e interesados en salvaguardar, favorecer y mirar por el bien común, por los intereses de la sociedad y no meramente por los intereses partidarios o partidistas. Si se hace un pacto por la educación que no aborde con verdadero rigor y perspectiva histórica los aspectos realmente decisivos del asunto, centrado en las consignas electoralistas, entonces para ese pacto no necesitábamos alforjas. Me lo voy a leer todo, los documentos de unos y de otros, y cuantas opiniones sea capaz de recabar. Como sea para un agua de borrajas, otra vez, me temo que me voy a enfadar. Desde ya, por si pasa lo peor, pido su benevolente comprensión: cuando el problema de la educación en España se concreta en “la defensa del castellano” o la “educación para la ciudadanía”, es que le dan a una ganas de tirar la toalla, la verdad. En fin, puesto que en el texto del Ministerio se emplea varias veces la palabra “excelencia”, alimentemos la esperanza.

Si seguimos sin contemplar la excelencia en la educación, estamos a punto de lograr el producto estrella de nuestro sistema educativo: el titulado iletrado. Ya hemos logrado el ingeniero, licenciado o doctor mileurista.

El alumnado que obtiene su título de Secundaria en junio, puede lograr plaza, si lo desea, en ciclos de grado medio de formación profesional (FP). Tod@s aquell@s que titulan en septiembre, a menudo con alguna asignatura sin aprobar, apenas tienen posibilidad de entrar en la FP. Entonces, se matriculan en Bachillerato. Su falta de conocimientos y de hábitos de trabajo intelectual (en clase y en casa), incluso a veces su limitada capacidad, han de convivir, entonces, con la suficiencia de quienes desean una preparación adecuada para acceder a la universidad o a ciclos de grado superior. Esos jóvenes que en realidad no quieren estudiar, que han superado la ESO de aquella manera huyendo de las materias más exigentes, a los que el conocimiento no les interesa mínimamente, lo que esperan es que se les ponga facilito, que se tenga en cuenta su pasado académico, por decirlo así, y no se les pida gran rendimiento. No están motivados ni son motivables, pero si suspenden el primer curso, pues se vuelven a matricular y repiten, eso sí sin cambiar de hábitos ni de actitud, pensando, supongo, que “ya caerá”. Así vamos: se da la paradoja de que tenemos en bachillerato un número variable pero importante de alumn@s que desean no el bachillerato, sino el título de Bachillerato, y a los que hasta los libros de texto les superan y se les caen de las manos.

Llevamos décadas, en España, dándole vueltas a la FP . Personalmente, creo que el sistema actual, en su enésima derivada de la LOGSE, no es un error. Los ciclos formativos de grado superior ofrecen una alta cualificación profesional y una cualificación académica universitaria, con el prestigio correspondiente. Y los de grado  medio son demandados y apreciados por los empleadores.  Pienso que el mayor problema de nuestra educación, hoy, está en la secundaria obligatoria y el Bachillerato.

Quisiera poder confiar en el anunciado pacto de Estado por la educación. Algunos llevamos clamando por él más de 20 años, que se dicen pronto. Sin embargo, si en la concreción y las bases de tal pacto no participan los directores de los institutos más comprometidos y el profesorado de a pie, y sólo se tienen en cuenta aportaciones de los representantes institucionales (partidos políticos, sindicatos, encuestas sociológicas…), entonces no tengo motivos para el optimismo. De momento, no hemos empezado muy bien, Sr. Ministro de Educación, querido profesor Ángel Gabilondo, aunque hay que decir que no por culpa suya.

Registro sismográfico del terremoto de Haití. (Imagen tomada de http://ecodiario.eleconomista.es)

Lo que está pasando en Haití hace que cualquier otro tema se me caiga de las manos. Y no puedo añadir mucho. Sólo un argumento más contra los alegres partidarios de minimizar el Estado, los convencidos de que sin Estado se vive mejor. Ahora vemos todos los días en los telediarios a las pobres gentes de Haití. Pero la información tiene que ser fresca y variada, como las ensaladas, de modo que pronto dejará de ser portada, pasará unos pocos días a páginas interiores, y desaparecerá. Será sustituida por otra catástrofe, que permitirá a estos nuevos periodistas (tan alejados de aquel magnífico “nuevo periodismo”) lucirse de nuevo (sobre todo en la televisión) en crónicas preciosistas, literarias en el peor sentido, morbosas y tan carentes de datos o información relevantes como de profundidad, inútiles para formarnos cualquier idea que no sea la simple “pobre gente, qué lástima”. Convierten en reportaje lo que no es más que una colección de casos. Y sin buen periodismo no puede haber buena ciudadanía, ni buena democracia, ni nada. Esto de jubilar a los “viejos” de ¡¡¡55 años!!! sin haber preparado el relevo es una estupidez de las gordas, como si 20 ó 30 años de profesión equivalieran a ser incompetente, y ser joven y ambicioso, a ser competente.